Alcalde de Chilpancingo plantea 10 puntos para resolver el problema de las autodefensas

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Pide que el Congreso haga su parte en el tema 
El alcalde Marco Antonio Leyva Mena lanzó una propuesta de diez puntos que el Congreso local debe desahogar con los grupos de autodefensa que existen en el municipio, para evitar que haya más derramamientos de sangre entre organizaciones que surgieron con la bandera de proteger a la población, pero que hoy están confrontados entre sí.
En su conferencia de los martes, Leyva Mena recordó que el pasado 13 de mayo, en un enfrentamiento entre autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con las del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social (FUSDEG), un estudiante universitario y un policía ministerial fueron asesinados a balazos, cuando está visto que eran completamente ajenos al conflicto.
Por esa razón, dijo que el Congreso local ya debe hacer su parte para acotar el margen de acción de dichos grupos de civiles armados, que no son considerados como policías comunitarias, por no sujetarse a la Ley 701, en materia de derechos y cultura indígena.
En los diez puntos planteados por el jefe de cabildo de Chilpancingo, plantea de primera instancia que debe existir un dialogo permanente que permita alcanzar acuerdos de largo alcance, solidos y que se respeten; porque sin el aval de las organizaciones, no habrá una tranquilidad duradera en la zona que se disputan.
En segundo lugar, que haya un proceso de certificación instrumentado por las autoridades estatales, para que haya un control respecto a quienes se asumen como policías ciudadanas.
Como tercer punto estableció la participación de las comunidades en el nombramiento de cada uno de los policías ciudadanos, para garantizar que haya conocimiento claro de quienes son los civiles armados.
El cuarto planteamiento es la verificación del calibre de las armas que los grupos utilizan, lo que debe estar a cargo de las instituciones del Estado Mexicano.
Como punto número cinco estableció la delimitación clara de la extensión territorial en que debe operar cada policía ciudadana o comunitaria, para que no vayan de un lado hacia otro sin  ningún tipo de control.
Para el punto número seis, dijo que se debe garantizar que los grupos de autodefensa reconozcan a las autoridades civiles, sean alcaldes o comisarios, para que nadie resulte avasallado.
En séptimo lugar propuso la coordinación permanente entre las autodefensas y las autoridades civiles.
Como propuesta número ocho estableció el pago para los integrantes de dichos grupos, para que “no estén tentados a caer en recursos que tienen origen ilícito”.
En noveno lugar habló sobre el respecto irrestricto a los derechos humanos, para evitar excesos contra la sociedad ni abusos contra as víctimas.
En décimo lugar, dijo que debe existir una política de cero impunidad  a la violencia injustificada que ejerzan dichos grupos.
El primer edil capitalino consideró importante que el Congreso ya haga lo que le corresponde en este tema, que por momentos genera picos de violencia en el límite del valle del Ocotito con la cabecera municipal de Juan R. Escudero.

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