Congreso local cierra filas contra el delito de la extorsión

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  • Los diputados exhortan a la Secretaría de Economía federal a impedir el cierre de negocios en Acapulco

De manera unánime, el Congreso local aprobó un exhorto dirigido al gobierno federal para que implemente acciones que impidan el cierre de negocios en el puerto de Acapulco, ante los efectos generados por el fenómeno de la extorsión.
El punto de acuerdo fue planteado en la tribuna del Poder Legislativo de Guerrero por Silvano Blanco Deaquino, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y miembro de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC).
En el documento, los diputados plantean un exhorto al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía del Gobierno federal, para efecto de que establezca programas, acciones y políticas públicas para que se evite el cierre de comercios o negocios en Guerrero, en particular en la Ciudad de Acapulco de Juárez, como consecuencia de las extorsiones.
El exhorto también va dirigido al titular de la Secretaría de Gobernación  Miguel Ángel Osorio Chong, al comisionado nacional de Seguridad Pública  Renato Sales Heredia y al general brigadier Pedro Almazán Cervantes, secretario de Seguridad Pública en Guerrero, para que establezcan operativos de seguridad encaminados a prevenir la comisión del delito de extorsión.
La intención, es evitar el cierre de comercios o negocios en Guerrero, en particular en la Ciudad de Acapulco de Juárez, dadas las advertencias que han hecho diferentes organizaciones empresariales. 
Los representantes populares de Guerrero también consideraron importante solicitar a José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que considere el impulso de un programa de estímulo fiscal a personas físicas o morales que han sido víctimas del delito de extorsión en Guerrero.
En la fundamentación del acuerdo parlamentario que se aprobó por unanimidad, el diputado Silvano Blanco Deaquino mencionó que solamente la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) refiere que 400 de sus 2 mil 500 socios han sufrido los embates de la extorsión, razón por la que consideran la posibilidad de cerrar sus establecimientos.
La extorsión, de acuerdo con el diputado Blanco Deaquino ha propiciado muchos de los homicidios registrados en la entidad.
Por esa razón, indicó que con la extorsión se tiene un problema que perjudica severamente a la ciudadanía sin importar su condición social o económica, pues lo mismo lo ha sufrido una vendedora de jugos que el más acaudalado empresario en el Estado.
En resumen, la extorsión la padece un modesto comerciante que un gran negocio.
Por esa razón, la propuesta de acuerdo parlamentario del MC fue respaldada por diputados del PVEM como Maluisa Hernández Mejía y el priísta Samuel Reséndiz Peñaloza, lo que permitió que se aprobara por unanimidad.

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