Fallas en el proceso, permitirían al compadre de "El Tequilero" mantener el fuero y evitar la prisión

0 22

Hablan los abogados que lograron la inhabilitación de dos magistrados y una juez
 
De acuerdo con los abogados Pedro Ramírez Millán y José Ramírez Villalba, quienes en 1999 lograron la inhabilitación de dos magistrados y una juez, el caso del diputado Saúl Beltrán Orozco, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el delito de homicidio, podría tener una escena pre concebida, encaminada a permitir que se mantenga con fuero constitucional y con ello evite la prisión.
Ramírez Millán y Ramírez Villalba, padre e hijo, son dos abogados radicados en Chilpancingo que tuvieron a su cargo la promoción del Juicio Político que derivó en la inhabilitación  por seis años de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jesús Martínez Garnelo; Miguel Maya Manrique y la juez maría del Pilar León Flores.
Dicho juicio fue promovido a petición del extinto empresario gasolinero, Javier Ibáñez Sandoval, quien sufrió el secuestro de dos hijos a manos de la banda que encabezó Pedro Barragán González, cuyo lugarteniente, Carlos Alberto García Castro, alias “El Calilla” evitó ir a prisión a partir de las omisiones en que presuntamente incurrieron los magistrados de la Sala Penal del TSJ al no valorar pruebas que eran determinantes para el caso.
Los dos magistrados y la juez fueron reinstalados dos años después por medio de una Controversia Constitucional promovida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el caso, de acuerdo a los abogados, sentó un precedente de que en Guerrero y el país no pueden existir servidores públicos que se asuman como intocables.
 
Respecto al caso Beltrán
 
Para Pedro Ramírez, la decisión de la Comisión Instructora del Congreso local, en el sentido de prorrogar hasta por diez días naturales el término de tiempo para emitir un dictamen es irregular e innecesario, principalmente porque la decisión está sustentada en el hecho de haber otorgado el derecho de audiencia al diputado acusado de homicidio calificado, sobre el que ya existe una orden de aprehensión emitida por una juez penal.
“Este es un Juicio de Procedencia, lo están protegiendo (a Saúl Beltrán) habiendo una imputación directa en un delito grave que es homicidio, hay un testigo y esos son elementos suficientes para que el señor ya estuviera desaforado y puesto a disposición de la autoridad”, aseveró.
Explicó que el Congreso local y su Comisión Instructora no debieron entrar al terreno de la valoración de los elementos aportados por la FGE, porque están yendo más allá de sus facultades, lo que deja abierta la sospecha de que incurran en la protección de la parte acusada.
“Esto no tiene mucho; ya existe una acusación, hay fe de cadáver, un testigo que dice quien fue y con eso se puede dar cauce al desafuero para que la policía proceda, para que se le ponga a disposición de la autoridad”, indicó.
Recordó que la ley establece claramente cuales son las particularidades que tiene el Juicio Político, el de Revocación de Mandato y el de Procedencia, en este último no está considerado el Derecho de Audiencia, porque se trata de delitos que ya fueron investigados por otras autoridades, pero en donde no se puede ejecutar la detención por la existencia del fuero constitucional.
Que un diputado esté involucrado en un caso de homicidio, de acuerdo con los abogados es algo sumamente delicado, ya que se trata de un personaje dedicado a la política, el cual fue beneficiado en una elección porque un porcentaje importante de ciudadanos lo eligieron porque le encontraron cualidades.
“A ese tipo de personas no es posible que se les proteja cuando se le ha comprobado que incurrió en un delito, es evidente que están alargando el juicio para facilitarle las cosas al acusado, ese juicio no tiene porque prolongarse”, aseveró.
La forma en que se procede en el caso Beltrán, dijo que es muy parecida a la que se asumió en el juicio promovido en contra de Willy Reyes Ramos, ex alcalde de Tlapa que actualmente está prófugo, pues pesa sobre el una orden de aprehensión a partir de la autoría intelectual en el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva De La Luz, mejor conocido bajo el alias de “diputado 500”.
Para los abogados Ramírez, la forma en que se integró la investigación y libró la orden de aprehensión contra el diputado local del PRI resulta por demás extraña, ya que el asunto necesariamente debió ser de su conocimiento, por la importancia que tiene.
“Estos asuntos jamás pueden desconocerlos ni el fiscal ni el presidente del Poder Judicial; pues son de gran trascendencia social y jurídica, en esto nadie puede decirse sorprendido y tampoco se pueden equivocar, se trata de asuntos de gran impacto social”.
Bajo esta circunstancia, señalaron que las supuestas irregularidades pueden ir encaminadas a facilitar la promoción del amparo y justificar la dilación en el Congreso local, lo que implica fallas de origen con un escenario jurídico preconcebido; facilitar la defensa del diputado acusado.

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.