Frenan PRI y PVEM en el Congreso exhorto a PGR para esclarecer el caso de los 43

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Las fracciones parlamentarias del PRI y Partido Verde Ecologista de México rechazaron aprobar de urgente y obvia resolución un exhorto presentado por la bancada de Movimiento Ciudadano en el que solicitaban que el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, investigue las cuatro líneas de investigación que exigen los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para esclarecer su desaparición ocurrida hace 3 años.
También frenaron otro exhorto de urgente y obvia resolución propuesto por la representación parlamentaria de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, para que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, “pongan su voluntad política” a favor de que se aclare el enfrentamiento ocurrido entre policías estatales y normalistas de Ayotzinapa sobre el libramiento de cuota, Chilpancingo-Tixtla, ocurrido el pasado 13 de septiembre.
En la segunda sesión realizada este día, los diputados de Movimiento Ciudadano presentaron un exhorto para que el Procurador General de la República investigue cuatro líneas que padres de los 43 y sus abogados han exigido para esclarecer la desaparición de los estudiantes.
Las cuatro líneas son: que la Procuraduría General de la República (PGR) abra una investigación contra elementos del estado que tuvieron alguna participación la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, y a quienes estuvieran presentes en los lugares donde fueron agredidos los estudiantes. Que se incluya al municipio de Huitzuco ya que las pruebas indican que por lo menos 25 estudiantes fueron llevados a este municipio, y en la detención participaron agentes de la policía federal, estatal, municipal y ministerial.
También que se transparenten las líneas de telefonía celular que tiene en su poder la PGR, pues de las mil que tiene bajo resguardo, 17 son aparatos telefónicos de los normalistas, y desde abril del 2016 los resultados del análisis de geolocalización y contenido de las conversaciones no han sido entregados a los padres de familia;  y la cuarta línea, la hipótesis de que el móvil de la agresión hacia los estudiantes es el trasiego de drogas que el grupo delictivo Guerreros Unidos realizaba a bordo de camiones desde Iguala a Chicago, en los Estados Unidos.
El coordinador de la fracción, Ricardo Mejía Berdeja, reprochó que hoy se cumplen tres años de impunidad y de negativa del gobierno federal de agotar todas las líneas de investigación para resolver el caso.
“Nosotros no podemos dejar que la fecha simplemente  transcurra, tenemos que contribuir a demandar que se agoten todas las líneas de investigación, que se deserte la llamada verdad histórica de la supuesta incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula, y que el gobierno agote cuando menso las 4 líneas de investigación  que han solicitado los padres de familia y sus abogados”, indicó.
Al no alcanzar la votación requerida para que fuera aprobado de urgente y obvia resolución, la propuesta fue enviada a las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.  
Por otro lado, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, presentó un exhorto en la primera de dos sesiones que se realizaron este martes, en el que solicitaba que el Gobernador y el Secretario de Seguridad Pública  pongan su “voluntad política y administrativa”, entregando a la Fiscalía General del Estado todas las pruebas que ayuden a esclarecer el enfrentamiento ocurrido entre policías estatales y normalistas de Ayotzinapa sobre el libramiento de cuota, Chilpancingo-Tixtla, ocurrido el pasado 13 de septiembre.
El día mencionado, un grupo de normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron con policías del estado, luego que de los jóvenes secuestraron una pipa de combustible en la autopista del sol. De estos hechos, los estudiantes denunciaron que los uniformados dispararon con armas de fuego al camión en el que se trasladaban para detenerlos.
Cisneros Martínez criticó que el actual gobierno “volvió costumbre” perseguir y criminalizar a los normalistas, exhibiendo una intolerancia hacia los futuros maestros del estado.
“El gobierno del estado a través del vocero Roberto Álvarez Heredia, ha negado que los policías que persiguieron a los estudiantes en la carretera federal México-Acapulco (…) hayan disparado al autobús para detenerlo, para este Congreso del estado no debe ser óbice lo dicho por el vocero para que se abra una investigación responsable, se esclarezcan esos hechos y se deslinden responsabilidades”, indicó.
Recordó que este martes se cumplen 3 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas  de Ayotzinapa, quienes fueron agredidos en el municipio de Iguala, y como Poder Legislativo, y como sociedad no pueden  a seguir permitiendo que se sigan violando los derechos humanos de los estudiantes de manera sistemática en agravio de más familias.
“No sabemos lo ocurrido en Tierras Prietas con los estudiantes de Ayotzinapa,  y si bien no hubo situaciones mayores que lamentar, no es menor que se deje de explicar de manera fehaciente qué sucedió, si se aplicaron protocolos o no, porque disparar armas contra el autobús tripulado por estudiantes para frenarlo con violencia no es ningún protocolo y eso se debe esclarecer”, reprochó.
La legisladora expresó que las diferencias políticas entre las diferentes fracciones parlamentarias y representaciones partidistas en el Congreso no deben estar por encima de los intereses públicos y del respeto pleno a la libertad de tránsito, de manifestación y de los derechos de los futuros maestros de la entidad.
Al no alcanzar la votación requerida, toda vez que los diputados del PRI y del Partido Verde votaron en contra, el exhorto fue enviado a las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.
 

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