Inédito, el despido de 176 policías estatales en Guerrero

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Las 72 horas que hicieron crisis en la SSP
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) notificó el despido de 176 elementos de la Policía del Estado que participaron en un paro laboral que comenzó la mañana del lunes 29 de mayo y culminó a las 15:00 horas del martes 30 mayo.
En Guerrero no se tiene el antecedente  de un despido colectivo de integrantes de una corporación policíaca, aunque tampoco se había generado un movimiento parista con esas dimensiones.
El paro inició alrededor de las 07:00 horas del lunes 29 de mayo, primero en el municipio de Chilapa, cuando alrededor de 50 elementos se concentraron en la Casa del Campesino y señalaron que no saldrían a trabajar, hasta el tanto no se les modificara el esquema de seis días de trabajo por tres de descanso, ya que el desgaste es importante y su rendimiento operativo disminuye.
Más tarde, alrededor de las 10:00 horas, en Chilpancingo los elementos que fueron concentrados para atender una marcha de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) hicieron lo propio y se declararon en paro, reclamando el esquema de tres días de trabajo por tres de descanso, además del pago de un bono de riesgo y la entrega de equipo digno.
Alrededor de las 14:00 horas, representantes del área administrativa y financiera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se trasladó al cuartel general de la policía para solicitar dos cosas; que la manifestación se desarrollara de manera pacífica y por escrito, enseguida solicitaron que los elementos regresaran a la operatividad, para efecto de no dejar a la población desprotegida.
Una vez hecha la solicitud de la SSP, los enviados advirtieron que los paristas se colocaban en la posibilidad de ser despedidos, por incurrir en insubordinación y desacato a las órdenes superiores, lo que implica vulnerar la Ley 281 en materia de seguridad pública.
Fueron tres los enviados de la SSP que se retiraron en medio del abucheo de los uniformados, que los acusaron de asumir una actitud intimidatoria.
Esa noche, el general Pedro Almazán Cervantes, titular de la SSP infirmó que los policías involucrados en el paro en realidad eran 176, no los 650 que los elementos que estaban al frente aseguraban.     
En un comunicado dirigido a los medios, el militar al mando de la SSP refirió que tras el movimiento había actores extraños interesados en generar inestailidad al seno de la corporación.  
Para la mañana del martes 30, el gobernador sostuvo una entrevista con diferentes medios de comunicación, en ella manifestó su disposición a resolver lo que resultaba viable, pero enfatizó que no cedería en el aspecto de la jornada laboral de tres por tres, como lo planteaban los paristas.
Anticipó que habrían sanciones y cortó de tajo la posibilidad de acudir a dialogar al cuartel general de la policía, como también lo reclamaban los paristas.
Esa declaración fue crucial para que a las 15:00 horas del mismo martes, los paristas declararan conjurado el movimiento, pese a que no habían alcanzado ningún acuerdo favorable para su causa.
De las 15:00 a las 21:00 horas, los que permanecían en el cuartel no recibían indicaciones, por eso buscaron un acercamiento con los medios de comunicación para dar a conocer a la opinión pública que ya estaban listos para salir a patrullar.
“No hemos conseguido nada, pero estamos conscientes del fuerte problema de inseguridad que hay en el estado y queremos actuar con profesionalismo”, dijeron los estatales.
Para entonces ya había un equipo de abogados que se acercó para darles la asesoría legal que les permitiría mantenerse lejos del riesgo del despido.
Para las 09:00 horas del miércoles 31, los inconformes ratificaron su disposición de salir a trabajar, pero denunciaron que temían un despido masivo porque los mandos no se acercaban a dar las órdenes correspondientes.
Del despido
Para las 13:00 horas, personal del área administrativa de la SSP, acompañados del notario público número 3, Hugo Pérez Ruano llegaron al cuartel para pegar en una de las paredes la notificación de despido para los 176 elementos.
En la notificación por escrito estaban inscritos los nombres de los policías cesados, a los que se solicitó entregar de inmediato sus uniformes, armas, identificaciones y equipo policial.
También se indicó en el documento que deberían pasar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno  estatal, para que se les pague el finiquito correspondiente.
En un comunicado, el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes indicó que los policías despedidos serán relevados por personal evaluado y capacitado para cumplir la función policial.    
“En ningún momento se desprotegerá a la sociedad”, destacó el comunicado del general Almazán Cervantes.
La marcha hacia la CEDH
Para las 14:00 horas, los elementos notificados decidieron salir de su cuartel, por ello comenzaron a caminar sobre los carriles norte-sur de la Autopista del Sol, en la parte norte de la ciudad.
Caminaron sin obstruir la circulación de los vehículos, sobre las aceras del boulevard Vicente Guerrero, la avenida de los Insurgentes y la Benito Juárez, hasta llegar a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Ahí fueron atendidos por el presidente, Ramón Navarrete Magdaleno, a quien manifestaron que ya por la mañana habían entregado una queja relacionada con las violaciones que han sufrido en sus derechos laborales.
Navarrete Magdaleno escuchó los argumentos de los elementos inconformes, después  les sugirió integrar una comisión para comenzar a trabajar en la interlocución con el gobierno estatal.
Los ahora policías despedidos, señalaron que todos ellos son jefes de familia, de tal manera que al colocarlos en la perspectiva del despido implica dejar sin sustento a cientos de familias guerrerenses.
Eso, señalaron que de manera inevitable perfila un serio conflicto social.

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