Inhabilitan a ex funcionario de la SEDESOL

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* Por diferentes irregularidades

 

Acapulco, Gro.- El ex delegado federal de la Sedesol en Guerrero, David Vargas Santos, desde el 2012 hasta el 2017, ha enfrentado cuatro sanciones impuestas por la Secretaria de la Función Pública y fue ihabilitado por diez años.

El ex delegado de la Sedesol en la entidad, se le imputan por supuestas irregularidades en las obras que se realizaron por los sismos ocurridos entre el 20 y 26 de marzo del 2012, en 38 municipios de la entidad, durante el periodo de gobierno del entonces mandatario estatal por el PRD, Ángel Heladio Aguirre Rivero.

La principal causa que se le imputa a David Vargas, es negligencia administrativa, abuso de autoridad, así como violación a las leyes y normatividad presupuestal, provocando que le apliquen la inhabilitación para ocupar otros cargos y sanciones económicas arriba de los 60 millones de pesos.

Según el Reporte de Servidores Públicos Sancionados, se indica que desde hace cinco años ha enfrentado los expedientes 0032/2015, por negligencia administrativa; 0166/2015 por abuso de autoridad; el 0025/2012, por violación a las leyes y normatividad presupuestal, R/99/2011.

Así la Secretaría de la Función Pública, refiere que fueron detectados pagos a trabajos que no fueron realizados y diversas irregularidades de carácter administrativas cometidas por el entonces servidor público de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el estado de Guerrero. 

Aunque la SFP omite el nombre del funcionario puesto que éste aún puede impugnar, en el procedimiento administrativo determinó imponerle al servidor público responsable una inhabilitación por diez años para desempeñar u ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Un comunicado oficial de la SFP, indica que la sanción se deriva de la responsabilidad que tiene por las faltas cometidas durante la realización de las obras de reconstrucción y reparación de viviendas que fueron dañadas con motivo del sismo y sus réplicas ocurridos el 20 y 26 de marzo de 2012, que afectaron a familias de 38 municipios en el estado de Guerrero.

Entre otras cosas, se identificó el pago de trabajos sin que éstos se hayan ejecutado totalmente, así como la realización de convenios de modificación a diversos contratos de obra pública que carecían de los dictámenes técnicos respectivos, para sustentar la necesidad de su celebración, lo cual provocó un daño patrimonial estimado en 29 millones 744 mil pesos.

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