Insiste la FGE en que se ejecute la acción penal contra presuntos asesinos de Armando Chavarría

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Apelará resolución en contra del TSJ
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez sostuvo que hay elementos para que se ejecute la acción penal contra los presuntos asesinos de Armando Chavarría Barrera, ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, ejecutado en su casa la mañana del 20 de agosto de 2009.
Olea Peláez negó que la FGE haya recibido un revés por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego de que este haya decidido no liberar la orden de aprehensión solicitada en contra de los presuntos asesinos del ex diputado Chavarría Barrera.
La mañana del lunes 2 de octubre, Olea Peláez fue cuestionado sobre el tema y de manera directa respondió: “El Derecho no es una ciencia exacta; en el Derecho podemos disentir tanto jueces como Ministerio Público, incluso como defensores”, precisó.
Para los casos en los que no hay uniformidad en los criterios, dijo que existen los recursos correspondientes y por eso, anticipó que la FGE habrá de recurrir a ellos.
“La Fiscalía interpuso el recurso de apelación, donde tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia  del estado, tendrán la responsabilidad de analizar la resolución del juez penal”, anotó.
A pregunta de los reporteros, Olea manifestó que la investigación va firme, pese a que una investigación que tiene tantos años de rezago, como la que involucra el caso Chavarría, es muy probable que tenga muchas carencias.
La semana pasada, el diputado local por el Movimiento Ciudadano (MC), Silvano Blanco Deaquino denunció en la tribuna del Congreso del estado, que la FGE fracasó en su intento de obtener la acción penal contra los supuestos asesinos de Chavarría Barrera, porque en lugar de investigar el asunto, lo que hizo fue retomar una línea de investigación falsa, que ya está desacreditada.
De acuerdo con Blanco Deaquino, el fiscal pretende que se ejecute acción penal contra presuntos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), grupo armado que supuestamente habría amenazado de muerte al ex líder del Congreso por incumplir acuerdos.
En contraparte, refirió que se pretende dejar de lado la línea de investigación que lleva a presumir móviles políticos de los culpables de la muerte del también ex aspirante a la gubernatura de Guerrero.
  

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