La auditoría al Acabús evidenció multimillonario desfalco

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Rosario García Orozco

Chilpancingo, Gro., 6 de agosto del 2021.- Una auditoría practicada al sistema de transporte colectivo Acabús, reveló que por lo menos 68 millones de pesos fueron ejercidos de manera irregular.

De acuerdo con información de la propia Auditoría Superior del Estado (ASE), en el 2020 el gobierno del estado invirtió 212 millones 479 mil 286 pesos, de los cuales 68 millones fueron ejercidos con irregularidades.

En ese sentido, se explica en el concentrado de la ASE que la administración del ACAbus, realizó pagos por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos, por un importe de 27 millones 636 mil 211 pesos y 51 centavos sin presentar el contrato que compruebe y justifique los pagos realizados; y que luego de que se le notificó la observación, la coordinación administrativa realizó el contrato pero no presentó las facturas que amparen las compras.

Por esa razón y por no subsanarse las observaciones, se presume un daño o perjuicio a la Hacienda Pública por los más de 27 millones de pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la entidad fiscalizada.

La serie de observaciones sigue: el Acabús realizó pagos por concepto de servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados, por un importe de 40 millones 926 mil 458 pesos y 45 centavos por sin presentar la evidencia documental que justifique los trabajos realizados.

Tras las observaciones de la ASE, el Acabús trató de justificar el gasto, entregó facturas y otros documentos, pero no un fundamento que justifique este gasto, por lo que la auditoría consideró que se trata de un daño a la hacienda pública, de tal modo que los responsables deberán devolverlo junto con intereses hasta el día en que se encuentre de regreso en la cuenta oficial.

Del mismo modo, la auditoría detectó que en el Acabús se dejó de pagar recursos por concepto de capital de deuda pública e intereses durante todo el 2020, por ello el dictamen también solicita que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron los pagos correspondientes.

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