*En todo caso, la responsable de investigar es la PGR, señala

 

El vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Antonio Bonilla Uribe aseguró que no hay delito que perseguir en el encuentro que el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza ha sostenido con líderes de varios grupos del crimen organizado.

Desde el inicio de la semana, las declaraciones del obispo Rangel Mendoza, en el sentido de que las amenazas de muerte en contra de un sacerdote lo llevaron a reunirse con líderes de varios grupos delictivos generaron puntos de vista encontrados.

Dado que sugirió que funcionarios de los tres niveles de gobierno han pactado con algunas organizaciones delictivas, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó su desacuerdo y dio a conocer su interés de dialogar con el ministro de culto sobre el tema.

Mientras, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flor Añorve Ocampo manifestó su rechazo ante dicha dichas declaraciones y sugirió al obispo entrar en la ruta de la reflexión.

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena también se tomó su espacio para reiterar su negativa para reunirse con integrantes de la delincuencia organizada, en la certeza de que la conducta de los servidores públicos debe estar sujeta siempre a lo que establece el marco legal.

La tarde del jueves 30 de marzo, el vicefiscal de Investigación de la FGE, José Antonio Bonilla Uribe habló sobre el tema, ya que fue cuestionado sobre la posibilidad de que el obispo haya incurrido en alguna conducta ilícita.

“En estricto sentido jurídico, no existe ningún delito que contemplen las leyes penales en esa circunstancia en específico”.

Remarcó: “No hay ningún tipo penal que establezca que ningún miembro de alguna iglesia, por juntarse con alguien tenga que ser sancionado”.

Antes, señaló que en caso de que se iniciara una indagatoria encaminada a conocer que es lo que en realidad ha motivado esas reuniones, sería la PGR la que se encargaría de abrir una carpeta de investigación.

Lo anterior, porque delitos contra la salud, así como la portación de armas de uso exclusivo son sancionados por el fuero federal.

 

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