• “Ese es otro cantar”, ataja los cuestionamientos

“Ese es otro cantar”, dijo el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez, al referirse a las similitudes que hay entre el Juicio de Procedencia promovido contra el diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco y quien fuera su cliente, el ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos.

En 2012, Olea Peláez fue abogado del ex alcalde Reyes Ramos, a quien el ex procurador general de

Justicia, Alberto López Rosas encontró responsable de la autoría intelectual en el asesinato de Moisés Villanueva De Laluz, a quien se conoció como el “diputado 500”, por ser ese el número de la curul que ocupaba en el Congreso de la Unión.

Pese al término que establece la ley para emitir un dictamen, el Juicio de Procedencia solicitado contra el entonces alcalde de Tlapa se prolongó, a partir de las diligencias que promovió la defensa ante la Comisión Instructora, que al final determinó dejar sin fuero al ex primer edil.

Reyes Ramos desapareció antes de perder el fuero, por lo que actualmente se encuentra en calidad de prófugo, puesto que existe una orden de aprehensión en su contra.

Cuando se hace alguna comparación entre el caso Willy Reyes con el del diputado Saúl Beltrán, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, la respuesta del fiscal es cortante.

“Ese es otro cantar”, ataja los cuestionamientos.          

  Viene entonces la aclaración: “A Willy Reyes yo lo defendí en el proceso del desafuero, ya no lo defendí en el otro proceso (cuando se libró la orden de aprehensión en su contra)”.

Continuó: “Yo, ya solicite a la autoridad su búsqueda en el extranjero; que la Interpol lo busque o que se haga aquí. Ahora soy el fiscal, tengo que perseguir y Willy tiene una orden de aprehensión”.

En el caso del diputado Beltrán, insistió que está a la espera de que el Poder Judicial de la Federación decide si le otorga o no el beneficio del amparo, ya que de ello depende el desahogo del desafuero, en consecuencia, la posibilidad de ejecutar la orden de aprehensión que existe en su contra.

    

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