• Muchas están más ligadas a la delincuencia

 

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Tlachinollan, Abel Barrera Hernández sostuvo que el gobernó estatal y federal tienen la obligación de meter en orden a los grupos de civiles armados que mal utilizan el término de Policía Comunitaria, pues no tienen órganos de control internos y tampoco sirven al interés de los pueblos.

Barrera Hernández, refirió que pese a la polémica que existe en torno al tema, las autoridades saben muy bien quienes están encuadrados en la Ley 701, que permite a los pueblos originarios contar con su propio sistema de organización en materia de seguridad pública.

Reconoció que en los últimos años ha surgido un problema  derivado de los espacios que el Estado dejó de atender en materia de prevención del delito, permitiendo que grupos de ciudadanos tomaran la ruta de la autodefensa, pero que en algunos casos se desviaran de la ruta original y terminaran sirviendo a intereses poco claros.

Precisó que no se habla de policías comunitarios cuando solo se trata de gente armada, que instala retenes, realiza operativos y también incursiona en los pueblo.

“La Policía Comunitaria tiene su reglamento, sus órganos de gobierno internos, sus sistema de reeducación, su forma de consulta y su sistema para realizar operativos”, anotó.

Indicó que los grupos civiles armados no tienen cuentan con un control, recurrentemente incursionan en los pueblos y solamente generan rechazo, ya que no toman en cuenta a los habitantes de sus comunidades y le apuestan principalmente a la fuerza.

Reconoció que el tema es complejo y que en algunos puntos del estado se ha desbordado, principalmente porque el Estad no cumple con sus funciones de proteger y dar seguridad a la población.

“Cuando hay vacíos, la gente busca la autodefensa o también adopta otra forma que tiene que ver más con expresiones de grupos organizados que apunan más hacia el crimen”, refirió.

A pregunta expresa, Barrera Hernández refirió que las instituciones gubernamentales tienen las atribuciones de establece la ley para determinar quienes son los que están en el sistema de seguridad y justicia comunitaria.

Por eso enfatizó: “El gobierno tiene que actuar contra los que no están cumpliendo con la ley 701, de identificar a quienes utilizan de manera desviada el concepto de policías comunitarias”.

Insistió en que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no le apuesta al uso de las armas ni al número de elementos, centra su fuerza en la organización comunitaria, la consulta, la asamblea de consejeros y sus decisiones nunca se adoptan de manera unilateral.

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