Con el voto en contra de la bancada del PRD, diputados del Congreso local aprobaron un exhorto para que el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, investigue y sancione a los servidores públicos municipales responsables del “desorden, falta de aplicación oportuna de las normas de gobierno y la afectación de los legítimos intereses de terceros, ocurridos en la pasada edición del Aca-moto 2017.

Tras una discusión entre priistas, perredistas y el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, se aprobó el exhorto en el que se establece que Velázquez Aguirre tendrá 15 días, a partir de la notificación, para informar al Congreso sobre las investigaciones y sanciones aplicadas de manera administrativa a los funcionarios municipales.

La propuesta fue presentada el pasado 24 de mayo por el diputado priista, Samuel Reséndiz Peñaloza, quien pedía que además de las sanciones, se diera por concluido el Aca-moto, sin embargo, al presentar dictamen, las comisiones unidas de Seguridad Pública, y Asuntos Políticos y Gobernación, hicieron modificaciones  para que el evento se siga realizando, bajo el argumento de la derrama económica que genera al puerto y al estado, que este año fue de más de 800 millones de pesos. 

Al fundamentar el dictamen, el diputado priista Víctor Manuel Martínez Toledo, recordó que durante los pasados días 18,19, y 20 de mayo, se registraron dos muertes, más de 20 lesionados, el saqueo a una tienda de conveniencia y el bloqueo de calles y avenidas, los cuales, dijo, fue al imperio de la desorganización del evento.

“Por eso es necesario realizar un exhorto a la autoridad municipal para efecto de poder tomar cartas en el asunto, sean sancionadas las personas que hayan incurrido en una infracción, o merezcan una sanción administrativa, e incluso penal (…) a todas luces se notó que no se pudo aplicar algún protocolo de protección civil o protocolo de eventos masivos para poder resguardar a las personas que asistieron al evento de Aca Moto 2017”, señaló.

Pero la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, la perredista, Rosa Coral Mendoza Falcón, presentó un voto particular en el que acusó irregularidades para la fundamentación y dictaminación del dictamen, el cual, dijo, solo busca un ataque frontal a las instituciones.

Mendoza Falcón argumentó que la Comisión de Seguridad Pública, que presidente el diputado Ricardo Mejía Berdeja, no distribuyó con antelación el dictamen a los integrantes de ambas comisiones dictaminadoras, incluso, dijo que en la sesión del pasado 15 de junio, el legislador se le acercó a su curul para pedirle que firmara el dictamen sin haberlo distribuido antes.

Señaló que el dictamen no fue debidamente fundamentado y motivado, pues la resolución establece que el alcalde Evodio Velázquez Evodio investigue y sancione a los servidores públicos municipales responsables del desorden, falta de aplicación oportuna de las normas de gobierno y la afectación de los legítimos intereses de terceros, pero consideró que en el cuerpo del dictamen no se especifican cuáles son las normas de gobierno, y las afectación de los legítimos intereses de terceros.

“La falta de estudio, análisis, fundamentación y motivación de que carece el dictamen, da por consecuencia que el mismo se ve afectado de legalidad, y por consecuencia es un documento que solo trata de poner en discusión un tema donde se carece de la fundamentación debida, conllevando a que el dictamen se convierta en un instrumento de ataque frontal a las instituciones con el solo objetivo de acaparar reflectores y pretendiendo aparentar un trabajo legislativo que no se tiene”, indicó.

Recordó que en la zona turística de Acapulco existe una coordinación en materia de seguridad entre los tres órdenes de gobierno, teniendo la participación de Fuerzas Armadas, Policía Federal, Estatal y Municipal, por lo que, si el Congreso pretende fincar responsabilidades, el exhorto tendría que dirigirse a todas las autoridades que integraron el grupo de seguridad durante el desarrollo del Aca-Moto.

Por su parte, el diputado Mejía Berdeja defendió que el dictamen sí está analizado y fundamentado, afirmó, con el documento en mano, que sí fue distribuido a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, con fecha 20 de junio.

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