Violencia, corrupción, igualdad de género, pérdida de valores, Derechos Humanos, y ausencia de calidad educativa, fueron los temas que 32 estudiantes de secundaria del estado expusieron en el 11vo Parlamento Estudiantil, llevado a cabo en el Congreso del estado.

Durante sus intervenciones con el tema “los adolescentes y la cultura de la legalidad”  los jóvenes exigieron a las autoridades políticas reales de seguridad, la recuperación de los valores universales, la eliminación de la corrupción, aplicar el estado de derecho, y dejar la demagogia como forma de hacer política.

La alumna Daily Miranda Espino, de la secundaria técnica 21, de Tenexpa, recordó que la desaparición de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa en 2014, el cierre de escuelas por cuestiones de inseguridad en la región de Tierra Caliente, la producción de amapola y marihuana, los asesinatos diarios, la extorsión, la trata de blancas, son fenómenos que tienen en una crisis a la cultura de la paz en México y en el estado

“En la actualidad, en la administración de Enrique Peña Nieto, a casi 5 años de su gobierno, hay más muertes en nuestro país  que en Irak y Siria. ¿Y qué pasa con nuestro estado? En los periódicos solo encontramos en las páginas muerte y más muerte, ah, pero sí, nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores hace creen en sus frases un gobierno con orden y paz, pero ¿es así como se gobierna un estado?”, criticó.

Cuestionó los gobiernos que fomentan la impunidad entre la clase política, como el caso de los gobernadores acusados de desvío de recursos que no son encarcelados, y no devuelven a las arcas del estado los recursos para aplicarlos en mejorar la calidad educativa en las escuelas.

La igualdad de género fue uno de los temas tocados por la parlamentarista Dariana Damián Millán, quien  señaló que en la sociedad actual existe una cultura discriminatoria hacia las mujeres que tienen como secuela daños psicológicos, y  patrimoniales.

Expuso que, de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 65 por ciento de las quejas que recibe corresponde a mujeres, lo cual, consideró, es un reflejo de que los Derechos Humanos de las mujeres son los que más se violan, en muchos de los casos, por parejas, amigos, o los propios padres.

“No solo se violan los derechos de la mujer sino también de los niños, pues solo por citar un ejemplo es justo mencionar la marcada desigualdad en el sistema educativo, ya que en la actualidad existe un alto porcentaje de escuelas públicas y privadas donde los alumnos sufren de maltratos físicos y psicológicos por parte de compañeros e incluso por parte de los docentes. Las causas son diversas y van desde discriminación de género, de condición social, económica y religiosa hasta por la misma edad”, señaló.

María Elena Castillo Aguilar, originaria de la comunidad de Ahuixtla, y estudiante de la secundaria Moctezuma IIlhuicamina, criticó la mala calidad educativa que reciben los jóvenes en México, a pesar de la reforma educativa impulsada por el actual gobierno federal, y los programas destinados a mejoramientos en infraestructura.

Ejemplificó que en su comunidad solo existe un jardín de niños,  una primaria y tres maestros para las dos escuelas, y quien desee continuar con sus estudios debe trasladarse 12 kilómetros a bordo de una camioneta pública, la cual, en caso de faltar, obliga a los jóvenes a caminar hasta hora y media por veredas para regresar a su casa.

El contexto de pobreza en su comunidad impide que los padres gasten los 20 pesos de pasaje, más el desayuno y gastos de material escolar necesarios para que los estudiantes sigan con sus estudios. Solo los padres migrantes pueden absorber el gasto.

“Las estadísticas hablan de quienes abandonan la escuela; pero es dramáticamente indignante cuando por el miserable presupuesto destinado a la educación, y la escases de centros educativos, la escuela es quien abandona a los alumnos, significando que la educación no llega a todos”, dijo.

Para abonar a la calidad educativa, propuso que diputados, senadores, gobernadores, y servidores públicos de alto nivel reduzcan sus sueldos “a niveles justos, que cobran con excesos y lesionan a los desprotegidos”.

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