En los últimos seis años fueron asesinadas 14 personas 

La masacre al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de  Las Cruces en Acapulco no se trató de un hecho aislado, pues en los últimos seis años han asesinado a 14 personas al interior de las cárceles de Guerrero, señaló el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores.

Al encabezar la entrega del mérito jurídico Alberto Vázquez Mercado, en  la residencia oficial Casa Guerrero, el mandatario estatal dijo que los hechos ocurridos el pasado 6 de julio en el CERESO de Acapulco obliga a las autoridades estatales y federales a rediseñar el sistema carcelario.

Reiteró que la delincuencia organizada es uno de los problemas más graves que enfrenta el estado, y hechos como la matanza ocurrida en el penal de Acapulco muestran la vulnerabilidad  en la que se encuentran los Centros de Reinserción Social en la entidad.

El jefe del Ejecutivo estatal ratificó que la agresión ocurrida en el CERESO de Las Cruces dejó como saldo 28 muertos, y que el gobierno del estado no está ocultando una cifra mayor, ante diversas versiones que han sugerido un ocultamiento de información.

“No se trata de hechos aislados: un motín en el 2011, en el penal de Las Cruces,  dejó tres personas fallecidas y ocho heridos. En 2014, en el penal de Iguala, un comando entró y les quitó la vida a 10 personas, lo que obligó el traslado de los reos involucrados al penal de Acapulco. En 2015, tras el asesinato de un reo en el penal de Las Cruces, se registraron manifestaciones y bloqueos en la avenida Costera, y fuera del reclusorio”, indicó.

Resaltó que lo ocurrido en el penal de Acapulco es la  oportunidad de visualizar cambios reales y profundos, empezando con la colaboración del gobierno del estado y las autoridades federales competentes, por planear y rediseñar el sistema carcelario. 

Iniciativa a  la ley 701 hasta que el Congreso apruebe la reforma al artículo 14 constitucional.

El gobernador, Héctor Astudillo Flores, adelantó que presentará una iniciativa para reformar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos de los Pueblos y Comunidades indígenas, después de que el Congreso del estado apruebe la reforma al artículo 14 de la Constitución Política del estado, que tiene que ver con seguridad pública, prevención del delito, y el sistema de faltas de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, cuyo seguimiento corresponde a la policía comunitaria.

Recordó que la iniciativa de reforma al artículo 14 Constitucional es una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual estableció analizar y presentar cambios legislativos para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, que está compuesto por el sistema comunitario de justicia, y que este sea compatible con el sistema internacional de Derechos Humanos.

“He manifestado que la voluntad del Gobernador del estado  es adecuar la ley 701 vigente, introduciendo las modificaciones y mejoras que conlleven a la adecuación del texto Constitucional, en cumplimiento a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, comentó.

Recalcó que el punto 133 de la recomendación refirió que la justicia comunitaria no podrá suplir la función del estado de garantizar la función constitucional.

La iniciativa enviada por el gobernador llegó al Congreso el pasado mes de abril, y plantea, entre otras cosas, que desaparezca del texto constitucional la función de seguimiento y acción que tiene la policía rural o la policía comunitaria al sistema de faltas acordado en el reglamento interno de las comunidades indígenas, y pretende que se especifique una adecuada limitación de competencias en materias de seguridad pública e impartición de justicia entre los sistemas normativos indígenas, y el sistema jurídico estatal.

 

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