Actualmente hay 600 cadáveres saturando las sedes del forense en tres ciudades 

Una vez que el gobierno estatal y la cámara de diputados reconocen la necesidad de construir por lo menos cuatro instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), el paso que sigue es realizar varios ajustes al presupuesto de egresos del estado para poder financiar dichas obras, que son urgentes dada la saturación de cadáveres.

El pasado 24 de julio, el secretario de Salud del Gobierno de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos explicó que entre las sedes que el Semefo tiene en Chilpancingo, Iguala y Acapulco existe una saturación de por lo menos 600 cadáveres no identificados y en consecuencia, no reclamados.

De la Peña Pintos coincidió con el presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, Raymundo García Gutiérrez, en el sentido de que se deben construir por lo menos cuatro instalaciones forenses más; una en Zihuatanejo para atender Costa Grande, otra en Pungarabato para los 9 municipios que integran la Tierra Caliente, otro más en Tlapa, para dar cobertura a los 18 municipios de la Montaña y uno más en la Costa Chica.

Este viernes, el diputado García Gutiérrez indicó que hay coincidencias en el Congreso y Gobierno en torno al tema, ahora lo que resta es la asignación de presupuesto para financiar dichas obras, las que anticipó, son muy costosas.

En estos momentos, dijo que la única alternativa que se tiene es sacrificar alguno de los programas que maneja el gobierno estatal, lo que requiere de una revisión a fondo.

“No es sencillo, porque ya se tiene contemplado todo lo que el gobierno debe atender en el trabajo programado desde el punto de vista presupuestal, en todo caso, tendría que haber una gestión adicional”, anotó.

Explicó que sería conveniente revisar algunas áreas en las que existieran subejercicios, para de ahí hacer una reorientación que permita cubrir esa necesidad, de lo contrario, las instalaciones del forense volverán a entrar en un periodo de crisis.

Hasta el momento, dijo que no se tiene una estimación del costo que podría tener la construcción de las nuevas instalaciones del forense, por lo que es una obligación de la administración estatal la elaboración de los dictámenes encaminados a saber cuanto costarán dichas obras.

        

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