Diputados del PRI y del Partido Verde en el Congreso local rechazaron un exhorto de urgente y obvia resolución en el que se solicitaba que el gobernador Héctor Astudillo Flores expida el reglamento de la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado, lo cual beneficiaría a familias desplazadas por la violencia en Guerrero, por lo cual fue turnado a Comisiones para su dictaminación. 

En la sesión de este martes, los diputados Ricardo Mejía Berdeja, María de Jesús Cisneros Martínez, Jonathan Ensaldo Muñoz y Jesús Martínez presentaron el acuerdo, como parte de la agenda que establecieron en una  reunión que celebraron con colectivos de personas desplazadas y desaparecidas en el estado, la semana pasada. 

El exhorto tenía como fin que el reglamento de la Ley contemplara que la dirección general de seguimiento, control y evaluación de asuntos de derechos humanos contara con mayor autonomía y con los recursos suficientes para la atención integral de las víctimas de desplazamiento interno, así como la reglamentación de  todos los derechos y beneficios más amplios a las víctimas.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Mejía Berdeja señaló que, según cifras de instancias nacionales y estatales de Derechos Humanos, en Guerrero existen 2 mil 165 casos documentados de desplazamiento interno, la cual “evidentemente” es mayor al sumar la cifra negra que se desconoce. 

“Dentro de estos desplazamientos destaca que hasta el 80 por ciento son provocados por la delincuencia organizada en  comunidades  que han tenido que abandonar su tierra porque tienen la amenaza de los grupo de la delincuencia  que operan con impunidad,  que se sienten dueños o son dueños de un territorio en algunas comunidades por vacío de autoridad”, indicó. 

El legislador consideró que Guerrero atraviesa por una crisis en materia de desplazamiento forzoso, y por el contrario, no existen los mecanismos que garanticen total acceso a la justica por parte de las víctimas. Ejemplificó que la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas contó con un presupuesto de 9 millones de pesos en este año, “pero no hay un centavo para las víctimas”. 

Por lo anterior, indicó que el presupuesto de egresos 2018 debe incluir una partida para la atención a víctimas, y no suceda lo que este año: que el estado no cuenta con recursos para atender a las personas que han sufrido de desplazamiento o desaparición. 

“Esto es parte de una agenda amplia  que ellos nos plantearon, desde la creación del fondo de atención a víctimas, el nombramiento del fiscal en materia de desaparición forzada, el tema de salud, una serie de problemáticas que hay, pero en esta ocasión queremos plantear

el tema del reglamento, y creemos que es un tema elemental de justicia para las víctimas que han tenido que abandonar sus comunidades”, dijo. 

La fundamentación no fue suficiente para que los diputados del PRI y el Partido Verde votaran el acuerdo a favor, por lo que retrasaron el procedimiento hasta que las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos emitan un dictamen, lo cual podría tardar meses. 

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